El gobierno chileno discute con una delegación estadounidense sobre los aranceles del 12,5 % aplicados a las importaciones chilenas. Estos impuestos, justificados por preocupaciones sobre el trabajo forzado, son cuestionados por Santiago. Chile busca obtener exenciones para ciertos productos como el salmón y las frutas. Paralelamente, surgen críticas sobre la eficacia del tratado de libre comercio en vigor desde 2004.