La situación de seguridad en Trujillo, marcada por el asesinato de cuatro personas, incluido un empresario vinculado a la minería ilegal, suscita llamados a la renuncia del general Arriola, jefe de la policía. El primer ministro ha anunciado el envío de refuerzos militares para hacer frente a la creciente criminalidad. Además, un proyecto de ley busca facilitar la destitución del jefe de la policía en caso de incumplimientos de sus obligaciones.