La propuesta de ley, apoyada por la presidenta del Parlamento, busca fortalecer las sanciones contra las organizaciones criminales y su financiamiento. Se contemplan penas de 30 años para diversos delitos. Aunque el proyecto ha recibido apoyo, surgen críticas sobre los riesgos de populismo penal y el impacto en las garantías judiciales. El texto regresará a la Comisión de Seguridad para un examen exhaustivo.