El país discute una nueva legislación destinada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, con penas que pueden alcanzar los 30 años. Los partidarios de la ley desean reformas al Código Penal y otros textos legislativos. Sin embargo, la oposición llama a tomar precauciones para evitar abusos. El proyecto prevé sanciones severas para diversos delitos, pero también subraya la necesidad de políticas públicas para combatir la pobreza y el desempleo.