El proyecto de ley sobre el derecho al olvido penal ha sido examinado por la Comisión de Gobierno y podría ser debatido pronto en sesión plenaria. Esta iniciativa busca permitir a las personas condenadas por ciertos delitos suprimir o restringir el acceso a sus antecedentes judiciales después de haber cumplido con condiciones específicas, favoreciendo así su reinserción. Sin embargo, se han expresado reservas sobre su aplicación, especialmente en relación con la corrupción.