Una investigación realizada por el bloque de izquierda ha revelado irregularidades graves en el contrato anulado por el gobierno. Senadores han acusado al expresidente de ser el principal responsable, debido a su apoyo a la adquisición de los patrulleros. Funcionarios del ministerio de Defensa también han sido implicados. Paralelamente, se prevé una denuncia penal contra la ministra de Defensa por abuso de funciones.