Una cantidad de 53,9 millones de dólares ha sido asignada por el gobierno para hacer frente a diversos litigios en curso. Esta decisión tiene como objetivo garantizar que se cumplan las obligaciones legales, al tiempo que permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Los detalles de los casos involucrados no han sido precisados, pero esta medida subraya la importancia de los asuntos legales para la administración.