Una jueza federal declaró ilegal la suspensión de las solicitudes de visas de residencia permanente para ciudadanos de 75 países, incluidos Haití, Jamaica y otros estados del Caribe. Esta suspensión, instaurada por la administración Trump, se justificaba por un presunto riesgo de dependencia de las ayudas sociales. La decisión judicial permite revisar las solicitudes de visas bloqueadas, ofreciendo así nuevas perspectivas a los candidatos afectados.