Un tribunal administrativo de Guadeloupe ha condenado al Estado a pagar 28 500 euros a un ex trabajador agrícola de Petit-Bourg, afectado por un cáncer de próstata tras una exposición prolongada al chlordécone. El fallo reconoce faltas del Estado, en particular por haber autorizado la comercialización del pesticida a pesar de su toxicidad conocida y por haber tardado en proteger a la población.