Las aglomeraciones guadalupenses enfrentan déficits de más de 100 millones de euros relacionados con los antiguos operadores del agua. El Ministerio de Economía ha rechazado las solicitudes de extensión de los pagos, dejando a las colectividades con obligaciones financieras pesadas. Esta situación podría comprometer proyectos de infraestructura esenciales, mientras los electos buscan soluciones para evitar un impacto en los servicios públicos locales.