Los electos guadalupeños han enviado una carta al presidente de la República y al Primer Ministro, solicitando una moratoria de un año sobre las deudas fiscales y sociales de las empresas locales. Este dispositivo, que incluye la suspensión del cobro forzoso y planes de pago personalizados, tiene como objetivo apoyar a las empresas en dificultad. Los representantes subrayan la urgencia de una acción coordinada del Estado para evitar una ola de liquidaciones judiciales.