El gobierno dirigido por Alix Didier Fils-Aimé ha modificado el decreto electoral, reemplazando al director ejecutivo del CEP por un director general nombrado por el Estado. El calendario electoral propuesto por el CEP se considera poco realista, mientras que las promesas de seguridad para las elecciones siguen sin cumplirse. Además, el proceso de inscripción de votantes avanza lentamente, exacerbando las dificultades ya existentes.