Desde el comienzo del año, el gobierno de Guayana ha obtenido más de 200 condenas contra mineros ilegales en el marco de una campaña destinada a reforzar la aplicación de las leyes mineras. Las infracciones incluyen la explotación sin autorización y el uso de equipos no registrados. Se han incautado varios equipos y se han confiscado cantidades significativas de oro. El objetivo es garantizar prácticas mineras responsables y proteger los recursos minerales del país.