La Procuraduría General de la República anunció la eliminación de más de 56 000 alertas migratorias obsoletas, cumpliendo así con una decisión del Tribunal Constitucional. Estas alertas, que restringían la libre circulación de los ciudadanos sin fundamento judicial, habían estado presentes en los sistemas durante décadas. La medida busca garantizar el respeto de los derechos fundamentales y corregir errores administrativos acumulados desde 1990.