El gobierno de Santa Lucía ha anunciado que comenzará a recibir a ciudadanos de países terceros expulsados de los Estados Unidos, una decisión que suscita críticas dentro del Partido de los Trabajadores Unidos (UWP). Los miembros del UWP piden más transparencia sobre los antecedentes penales de las personas aceptadas. Aunque el gobierno afirma que estos individuos no son criminales, persisten las preocupaciones sobre la capacidad de la isla para manejar una posible llegada de personas en riesgo.