El gobierno está preparando una legislación para establecer penas mínimas para los delitos graves relacionados con armas de fuego y delitos sexuales contra niños. El Primer Ministro ha subrayado la importancia de un marco legal que fije penas significativas mientras se preserva la discreción judicial. Se están llevando a cabo estudios sobre modelos de otros países de la región para evitar impugnaciones constitucionales y fomentar una cooperación gubernamental efectiva.