Ante el aumento de la violencia y las represiones, los defensores del medio ambiente, en particular los pueblos indígenas y los activistas climáticos, están cada vez más amenazados. Los gobiernos adoptan leyes que criminalizan las manifestaciones pacíficas y apuntan a las ONG. Informes destacan la importancia de proteger a estos actores esenciales para garantizar un medio ambiente sano. Existen acuerdos regionales para reforzar su seguridad y prevenir abusos.