El gobierno peruano ha declarado un estado de emergencia de 60 días en varias prisiones, con la presencia de fuerzas del orden para mantener el orden. Esta medida apunta a establecimientos específicos, especialmente en Lima y en otras regiones, donde el hacinamiento es un problema importante. Los derechos de circulación y reunión serán suspendidos en un perímetro de seguridad, con el fin de combatir el uso ilegal de teléfonos por parte de los detenidos.