El gobierno peruano ha declarado un estado de emergencia de 60 días en Lima para contrarrestar la criminalidad organizada y la violencia. Este decreto prevé patrullas disuasorias en zonas sensibles como los mercados y el transporte público. Los derechos de reunión y circulación están restringidos, y se establecerá un nuevo comando operativo para coordinar los esfuerzos de seguridad.