El gobierno peruano llama al Congreso a aprobar medidas legislativas para contrarrestar la criminalidad organizada. Estas disposiciones buscan clasificar a los grupos criminales como hostiles, a fortalecer el servicio de inteligencia y a mejorar la cooperación entre las fuerzas armadas y la policía. Sin embargo, persisten tensiones entre los partidos sobre las prioridades legislativas, especialmente en relación con reformas controvertidas que afectan los derechos de los trabajadores y los intereses bancarios.