El Consejo de Estado colombiano ha dictaminado sobre la naturaleza de las manifestaciones, afirmando que aquellas que degeneran en violencia pierden su carácter constitucional. Este fallo sigue a eventos de 2017 relacionados con huelgas en una empresa petrolera. El tribunal ha precisado que el derecho a la protesta debe realizarse pacíficamente, sin obstaculizar otros derechos o actividades económicas. Este contexto se produce mientras un líder de la oposición acusa al gobierno de querer criminalizar la protesta.