El gobierno colombiano propone un nuevo enfoque para el sistema carcelario, incluyendo prisiones flotantes y centros de alta seguridad. Aunque estas medidas buscan castigar a los criminales más peligrosos, persisten preocupaciones sobre su conformidad con las leyes nacionales e internacionales. Los críticos también destacan los riesgos de aumento de la población carcelaria y las condiciones de detención potencialmente contrarias a los derechos humanos.