Desde el 1 de septiembre, la duración de las bajas por enfermedad está ahora limitada a 31 días para una primera prescripción, con un máximo de 62 días para las prórrogas. Aunque esta medida tiene como objetivo controlar los gastos de salud, algunos profesionales cuestionan su eficacia. Señalan que este enfoque no resolverá las causas profundas del aumento de las bajas laborales, especialmente los trastornos psicológicos.