Los defensores de la inmigración caribeña celebran una decisión de un juez federal estadounidense que valida la prohibición para las fuerzas del orden locales de colaborar con la agencia ICE. Esta medida, integrada en un conjunto legislativo, busca proteger los derechos de los inmigrantes. El gobernador de Nueva York y el fiscal general también han iniciado acciones legales contra los alguaciles que no respeten esta ley, afirmando la importancia de la confianza pública en la seguridad de todos los neoyorquinos.