El debate sobre la autonomía institucional en las Antillas pone de manifiesto una contradicción importante. Los elegidos exigen más soberanía mientras se dirigen al Estado para resolver las crisis locales. Esta situación revela una dependencia financiera persistente, debilitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Para emanciparse verdaderamente, las colectividades deben desarrollar su propia economía y reducir su dependencia de la asistencia nacional.