El debate sobre la autonomía en Guadeloupe y Martinica plantea preguntas cruciales sobre la capacidad de las instituciones para gestionar eficazmente las competencias existentes. Antes de reclamar nuevos poderes, es esencial demostrar que las competencias actuales pueden mejorar los servicios públicos. La crisis de legitimidad que resulta de esto requiere un cambio de paradigma, centrado en la responsabilidad y la eficacia, en lugar de la simple atribución de nuevas competencias.