Los precios de los combustibles continúan aumentando, afectando el presupuesto de los automovilistas. Ante esta situación, se multiplican los llamados a la intervención del Estado, pero el gobierno se mantiene firme. Se niega a reducir los impuestos o a establecer un tope en los precios, considerando que eso debilitaría a algunos distribuidores. Los dispositivos de ayuda se concentran más bien en los hogares y empresas más afectados.