Una familia martiniqueña con un solo ingreso de 1 500 € al mes se enfrenta a un sistema de protección social que favorece la movilidad hacia el Hexágono mientras descuida la inactividad. Las ayudas son generosas para los estudiantes que se van, mientras que los jóvenes sin actividad no reciben nada. Las reglas actuales, mal adaptadas a las realidades locales, subrayan un desequilibrio que podría desincentivar la inserción en el lugar y alentar la emigración.