Durante una reunión reciente, miembros del gobierno expresaron su oposición a la eliminación de la "crudita", un impuesto instaurado en 2015. Este impuesto ahora está integrado en el presupuesto general y vinculado al Plan Fiscal así como a la Comisión de Supervisión Fiscal. Los debates en torno a su mantenimiento subrayan los desafíos económicos actuales y las preocupaciones de los ciudadanos ante un aumento en el costo de la vida.