Una nueva normativa sobre las construcciones entrará en vigor en febrero de 2027, con el objetivo de gestionar mejor los riesgos sísmicos. Impone restricciones en los sitios con riesgo de deformación y requiere estudios exhaustivos para los proyectos cercanos a fallas activas. El objetivo es asegurar la resistencia de los edificios a los terremotos, minimizar los riesgos de colapso y garantizar su rehabilitación después de eventos importantes.