La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales refuerza sus medidas para luchar contra la corrupción, con el objetivo de controlar las actividades ilícitas de los detenidos, de sus familias y del personal penitenciario. El objetivo es detener la entrada de drogas y objetos prohibidos mientras se pone fin a la influencia de los prisioneros en la gestión de los establecimientos. Más de 50 empleados han sido excluidos o arrestados por corrupción durante el primer semestre de 2026.