El presidente panameño tiene 30 días para decidir el destino de una ley recientemente adoptada sobre los beneficios para jubilados. Tiene previsto una reunión con representantes de jubilados y de la Cámara de Comercio para explorar soluciones. La ley, que amplía las reducciones para los mayores, suscita opiniones divergentes, algunos pidiendo un veto total. El presidente insiste en la necesidad de una legislación financieramente viable.