Decenas de familiares de detenidos han presentado una acción legal para impugnar las restricciones sobre las visitas en la prisión de alta seguridad de Santa Elena. Acompañados por un comité de defensa de los derechos humanos, exigen medidas para garantizar la comunicación y las visitas, incluso por vía digital. Las familias también están preocupadas por la falta de información sobre la salud y las condiciones de vida de los detenidos.