La decisión tomada el 28 de agosto pone en pausa una medida que prohibía la publicación de encuestas de opinión con fines electorales fuera del período legal de precampaña. Esta suspensión está en vigor mientras los tribunales examinan la legalidad de esta restricción impugnada por diversos actores, incluidas organizaciones civiles y medios de comunicación. Las demás disposiciones del reglamento siguen siendo aplicables.