La Comisión Europea ha anunciado la prórroga del derecho de mar hasta 2030, un impuesto crucial para las colectividades de ultramar. Esta medida tiene como objetivo reforzar la visibilidad de los territorios ultramarinos dentro de la Unión Europea. Los electos locales se congratulan de esta decisión, considerada esencial para la industria y el empleo. Esta iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia para valorizar las regiones ultraperiféricas.