Un contrato controvertido, adjudicado a Power Expectations para proporcionar 400 megavatios de energía temporal durante un período de diez años, está siendo objeto de investigaciones tanto a nivel estatal como federal. Este contrato, con un valor de casi 5,9 mil millones de dólares, plantea preguntas sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos. Las autoridades deben ahora examinar las prácticas de contratación para evitar futuros abusos.