El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció un refuerzo de las medidas contra la inmigración ilegal, inspirándose en políticas ya implementadas en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Este cambio tiene como objetivo identificar y deportar a los extranjeros en situación irregular, priorizando a aquellos vinculados a actividades criminales. Esta decisión marca un giro significativo para un país que anteriormente había acogido a un gran número de refugiados venezolanos.