Los recientes eventos subrayan el riesgo aumentado al que se enfrentan los testigos en el sistema judicial. Varios de ellos han sido víctimas de violencia, incluidos asesinatos, después de haber testificado. Aunque la ley impone la obligación de testificar, la protección ofrecida es insuficiente, limitándose a menudo al interior de los tribunales. Un proyecto de ley para reforzar esta protección está pendiente de aprobación en el Congreso, subrayando la urgencia de la situación.