Los costos penales representan los gastos incurridos por el Estado durante los procedimientos judiciales, a cargo de las personas condenadas. Aunque incluyen diversos gastos, su recuperación resulta a menudo problemática. Los abogados señalan que, en la práctica, estos costos rara vez se liquidan, y el impago no conduce a sanciones penales. La legislación regula estos costos, pero su aplicación sigue siendo limitada en muchos casos.