La oposición, liderada por Jamale Pringle, exige una evaluación inmediata de los recursos asignados a las fuerzas del orden, a los servicios sociales y a los tribunales para tratar los casos de abuso infantil. Ante un aumento significativo de los informes, Pringle subraya la necesidad de examinar el número de trabajadores sociales capacitados, el acceso a psicólogos, así como las capacidades judiciales. Los resultados de esta evaluación deberían presentarse al Parlamento para priorizar la financiación necesaria.