Ningún miembro del gobierno ni alto funcionario del Estado podrá presentarse a las próximas elecciones, incluso en caso de dimisión inmediata. Esta prohibición está respaldada por el Pacto nacional para la estabilidad y la organización de las elecciones, así como por el decreto electoral, ambos publicados en el diario oficial. El decreto precisa la definición de alto funcionario del Estado, pero no la de miembro del gobierno.