Tres magistradas de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo impugnan sus transferencias decididas sin consulta previa por el Consejo del Poder Judicial. Ellas califican esta decisión de acto arbitrario e ilegal, argumentando que sus derechos a la seguridad judicial han sido violados. Ellas subrayan que la ley exige su acuerdo para cualquier transferencia, lo que no ha sido respetado en su caso.