Antigua y Barbuda planea crear una institución legal para sus servicios judiciales, con un proyecto de ley en examen por el Parlamento. Este texto busca fortalecer las capacidades de exámenes y análisis judiciales, esenciales para las investigaciones criminales. Esta iniciativa se inscribe en un conjunto de reformas más amplias destinadas a mejorar la justicia y la seguridad pública en el país.